En México, las desgracias no se hacen esperar, y los últimos días no fueron la excepción. El pasado domingo, un sismo de 7.2 grados Richter azotó el sureste de la ciudad de Mexicali, provocando que 5 mil 200 familias perdieran sus casas y pasando a la historia como el más intenso que ha sufrido Baja California.
El sismo, que dañó a su paso 150 kilómetros de carreteras en el Valle de Mexicali y otros 20 en la carretera a San Felipe y que provocó severos daños en edificios, casas y cultivos, también arrebató la vida de dos personas.
Lo que siguió fue el miedo, cientos de familias abandonaron sus casas en busca de un lugar más seguro. Gran parte de la población afectada vive hoy en las calles y en albergues, y sigue siendo presa del miedo, pues desde que ocurrió el sismo, se han presentado alrededor de 600 réplicas, de incluso hasta 5.3 grados Richter, como la ocurrida el jueves a las 9:42 horas (tiempo local).
El martes, los municipios de Baja California y Tecate fueron declarados de desastre natural por la Secretaría de Gobernación, lo que les permite acceder a recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para reparar los daños que el cataclismo provocó.
José Guadalupe Osuna Millán, gobernador de Baja California, aseguró que los productos básicos ya habían sido suministrados a la población y que lo único que requerían era conseguir casas de campaña y colchonetas. Por su parte, el presidente de México, Felipe Calderón, visitó el martes las zonas dañadas y aseguró ayuda a la población para aminorar los efectos del terremoto. Todo está bajo control, pero sólo en apariencias.
Algunos residentes se han quejado de que no han recibido ayuda, situación que deja ver un problema aún mayor: México no está preparado para enfrentar este tipo de desastres naturales.
Esto preocupa, ya que el jueves se registraron temblores en Oaxaca y Sonora, que aunque de baja intensidad, lanzan al aire la pregunta de cómo responderíamos nosotros (la población) y nuestras autoridades ante un evento de mayor magnitud, si lo que necesitamos es precisamente de lo que carecemos: prevención basada en conocimiento y educación.
Y por si esto no fuera suficiente, una muestra más de nuestro México nos la ha dado Tamaulipas, en donde en días recientes han ocurrido dos fugas masivas de reos. La primera fue el 25 de marzo en Matamoros, ocasión en la que se fugaron 41 reos; y la más reciente, el 3 de abril, en la que se escaparon 12 más.
El gobierno de Tamaulipas se siente rebasado por la situación, por lo que acudió al gobierno federal para solicitar ayuda en la vigilancia de los penales y cuidado de los reos, al considerar que no cuenta con la capacidad para llevar a cabo las tareas por sí solo.
La inseguridad de los penales, en donde se encuentran delincuentes de máxima seguridad, es un factor que se suma al pánico que existe en Tamaulipas, y que es provocado por las organizaciones criminales que operan en el estado y que, en gran medida, pertenecen al narcotráfico.
Eugenio Hernández, el gobernador de la entidad, reconoce que el estado se encuentra en una grave situación de violencia e inseguridad, pero también culpa a las redes sociales como causa de la psicosis que se vive, porque “generan alarma” y “magnifican situaciones”.
Puede que no sea del todo falso, debido a que en la red circula información muchas veces falsa o sin fundamentos, pero lo cierto es que se trata de un medio que permite a la gente escuchar y ser escuchada, reflejar su sentir y, en este caso, su miedo. No obstante, el gobernador Hernández también dijo algo muy cierto, informar a la ciudadanía oportunamente evita que cunda el pánico.
Que la delincuencia nos ha rebasado a todos, que carecemos de muchas cosas, no es nuevo. Que empecemos, desde nuestra trinchera de ciudadanos, a hacer algo para cambiar la situación (informándonos más, involucrándonos más y exigiendo más), eso puede ser el comienzo de algo nuevo.
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