En las campañas siempre ha sucedido así, los candidatos saben muy bien cuáles son las necesidades que más afligen a los ciudadanos, y una de esas necesidades más apremiantes sin duda alguna ha sido contar con un empleo, por lo menos aceptablemente remunerado.
Y con el pleno conocimiento de esa imperante necesidad, no falta el candidato que se proclama como el paladín que dará solución a tan lacerante problema que flagela ya a millones de mexicanos.
Ése fue el caso de Felipe Calderón, quien durante su campaña a la Presidencia en 2006, dijo que él sería el presidente del empleo, sabiendo perfectamente que la naturaleza de un gobierno no es la creación de puestos de trabajo, y que hay factores internos y externos del país que son determinantes para tal propósito.
Pero lo menos relevante era que un presidente no tuviera la capacidad de crear empleos, lo que realmente importaba en ese momento de campaña era ganar las elecciones; a Calderón no le importó que fuera con esa promesa irresponsable que le lanzó al electorado, para convertirse en el paladín que abatiría la terrible peste del desempleo.
¡Y sopas dijo perico! Desde el inicio de su sexenio, lejos de disminuir el desempleo se ha incrementado gradualmente. Según opiniones de algunos analistas, este problema en nuestro país no es provocado únicamente por la crisis financiera internacional, se debe en gran parte a los desaciertos de Calderón en materia económica, éstos tienen a México sumido en un histórico índice de desempleo, que en 2009 llegó a 6.2 por ciento cuando en 2008 fue de 4.2 por ciento.
Y tratándose del poder adquisitivo, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en una investigación sobre ingresos señala que con el salario mínimo sólo se puede adquirir el 16 por ciento de la canasta básica alimentaria, y afirma que el 47 por ciento de las personas que tienen empleo en el país ganan entre uno y dos salarios mínimos al día.
Entre esas políticas económicas equivocadas que ha tomado nuestro gobierno, está la de haberle apostado mayoritariamente a la apertura comercial con Estados Unidos, a donde se destina el 80 por ciento de nuestras exportaciones, siendo que en esta materia se supone que existen tratados comerciales con otros países.
Pero eso no queda ahí, también se le apostó a la cercanía con el vecino del norte y al ofrecimiento de una mano de obra no calificada con salarios bajos para atraer inversiones extranjeras, y eso en términos de productividad no es lo suficientemente atractivo para un mundo altamente tecnificado que exige mano de obra calificada.
El panorama para este 2010 se ve aún más desalentador, ya que de la propuesta inicial del Presidente Calderón, el Congreso de la Unión aprobó un paquete fiscal con más y nuevos impuestos que agudizarán más el desempleo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), calcula que en 2010 la tasa de desempleo en México se incrementará a 6.9 por ciento de la población económicamente activa, debido al rezago que hay entre la reactivación de la economía y el empleo.
Y más allá de los valiosos análisis de los expertos en materia económica, la realidad es que ya podemos vislumbrar despidos masivos en empresas y en numerosas dependencias de todos los órdenes de gobierno, incluso hasta en la propia Cámara de Diputados ya han sido despedidos empleados de diversas categorías y se dice que esto seguirá. Y del poder adquisitivo del salario, ya para qué le cuento, con la misma cantidad de dinero usted ya no compra lo mismo que compraba hace un año.
Y si bien es cierto que la naturaleza de un gobierno no es la creación de empleos, también es cierto que entre sus funciones y obligaciones principales está la de aplicar políticas económicas que incentiven la inversión nacional y extranjera, de tal manera que se propicie la creación de fuentes de trabajo y el desarrollo del país.
Existen factores internos que sí puede controlar nuestro gobierno, como lo es la profesionalización de la mano de obra, la diversificación en las exportaciones, incentivos a la inversión y una buena reforma fiscal que aligere la carga tributaria a los empresarios, pero eso sí, que todos paguen.
Alfonso Castillo
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